San Pedro de Macorís.-
Contrario al Estado Dominicano, los empresarios toman en cuenta cualquier situación que pudiera poner en riesgo sus intereses y toman las medidas precautorias para salvaguardarlos.
Tal es el caso del contrato de Arrendamiento de los terrenos donde se construye la Planta Termo Eléctrica de Punta Catalina. En el mismo, la empresa compromete contractualmente al Estado Dominicano a realizar un tratamiento y gestión de los residuos del proyecto, que de no cumplirse y como consecuencia se produjera algún daño a las plantaciones de caña de azúcar en las colonias Catalina y Pizarrete desde el límite de los polígonos A y B, el Estado Dominicano deberá pagar al grupo CAEI la suma de US$36,375.00 por hectárea.
Contrario a estas previsiones, cuando se otorgan los permisos y/o autorizaciones para la instalación de una Empresa Generadora de Energía Privada (EGP), a pesar de que las mismas se elaboran en base a leyes vigentes que rigen al materia, dichas autorizaciones no imponen mas que las tasas y/o tarifas por la emisión de las mismas, quedando a la suerte de que los incumbentes de dichas carteras decidan aplicar las sanciones y/o procedimientos legales pertinentes a fin de que los lesionados puedan ser indemnizados a causa de los daños a sus bienes, su salud o sus derechos. Lo correcto sería, tal como lo han hecho los Viccini, establecer de forma puntual y clara, mediante contratos, las sanciones económicas a pagar cuando se verifiquen daños a la ciudadanía o a terceros.
La provincia de San Pedro de Macorís que cuenta con el parque energético más grande de todo el país y debido a la cantidad de generadoras eléctricas instaladas en su territorio, la gran mayoría de las cuales se encuentran en la margen oeste del Río Higuamo. Consecuentemente, las emisiones de gases producto de la combustión de los combustibles utilizados para la generación de electricidad, tanto de aquellas plantas interconectadas al sistema de generación nacional, como aquellas dedicadas a la generación para uso propio en la producción industrial.
Para que tengamos un ejemplo de los riesgos inminentes que corren los residentes en todas las zonas aledañas, tan solo una empresa, que tiene como fin la generación para fines de comercialización, aunque en principio para uso interno, con una planta generadora de 1.8 MW, utilizaba 580 mil galones mensuales del combustible llamado BUNKER C, uno de los más peligrosos y contaminantes del planeta, por su alta concentración de metales pesados, sin embargo, posteriormente se amplió su capacidad de generación a 25 MW y ahora consume 800 mil galones de este combustible pesado y vende energía al sistema.
En Panamá, los daños causados por este combustible mantienen alarmada a la ciudadanía y las autoridades están conminados a buscar soluciones a esta situación por los problemas de cáncer y afecciones respiratorias y de la piel.
Esperemos que nuestras autoridades tomen los correctivos de lugar para que nuestra población sea protegida de los posibles daños causados a la salud por las emisiones de todas las empresas instaladas en ambas márgenes del río Higuamo.
