Santo Domingo.
La
organización cívica no partidista Sed de Justicia depositó esta mañana una
querella en la Procuraduría General de la República querella donde afirma
que Castillo y Pepín (últimos incumbentes del Ministerio de Obras
Públicas), supuestamente en el ejercicio de sus funciones cometieron
malversación de fondos públicos y defraudación en la compra grado a grado
de más de 19,000 millones de pesos en Hormigón Asfáltico caliente (HAC),
en los periodos abril-septiembre de 2019 y enero-marzo de 2020.
El
interés de la organización es que se apliquen penas ejemplares en los casos de
corrupción pública probados para acabar con el régimen de impunidad imperante
en República Dominicana. La denuncia penal está acompañada de un conjunto de
pruebas para evaluación por parte del Ministerio Público y una solicitud de un
conjunto de acciones para resarcir los daños sufridos por el Estado y recuperar
los fondos públicos malversados.
El
19 de diciembre del pasado año, en el programa El Informe, se reveló que
en el Ministerio de Obras Publicas bajo la gestión de Castillo había otorgado
39 contratos grado agrado a compañías previamente elegidas por él, a las
que compró más de RD$11500 millones de pesos en hormigón asfaltico caliente
HAC, sólo en el periodo abril-septiembre de 2019, en un esquema de
coalición para delinquir de los funcionarios responsables de ese
ministerio, encabezados por Castillo Terrero y Pepín, a la sazón
ministros de Obras Públicas en los períodos investigados, pues el segundo fue
el sustituto del primero.
Sed
de Justicia es una organización creada por un grupo de profesionales de la
comunicación y el derecho que, junto con empresarios, activistas sociales y
comunitarios, tiene como objetivo velar por que las instituciones del Estado
transparencia y que la corrupción sea sancionada en todos los niveles, tanto
públicos como privados.
Asimismo,
sugirieron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que
para asegurar que los implicados no se sustraigan al proceso
investigativo o puedan maniobrar para entorpecer la acción de la
justicia, se adopten de medidas cautelares provisionales de impedimentos
de salida, e inmovilización de los bienes de Castillo y Pepín, incluyendo
el bloqueo de los activos y cuentas de bancos personales y de las
empresas vinculadas Grupo GAMPSA ( Helidosa Aviation Group, Constructora
Castillo López S.A., Minicompsa & Perla Del Sur Investment Group) así
como otras empresas y bienes muebles o inmuebles que el Ministerio Público
determinen estén vinculadas, y otros funcionarios que resulten implicados en
los hechos denunciados.
Castillo había sido querellado en el 2019 por supuesta prevaricación, soborno en el comercio y la inversión y enriquecimiento ilícito producto del narcotráfico.
Cabe destacar que la Procuraduría General de la República no es un tribunal y que para que pueda ser enjuiciado cualquier funcionario denunciado por ante esta institución, la misma debe hacer el sometimiento por ante la jurisdicción judicial correspondiente, luego de las investigaciones correspondientes. De lo contrario, todo que ahí, en una simple querella.
