Santo Domingo.
La mañana de
este miércoles 20 de agosto, mediante instancia dirigida a la magistrada
Procuradora General de la República, Miriam Germán, los abogados Hipócrates
Sánchez y Sunilda Moreno Martes, solicitaron a la magistrada Miriam German, una
investigación tendente a reactivar la querella depositada por éstos ante la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en
fecha 27/12/2019, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO
COOPERATIVO (IDECOOP) y su director Licdo. Julio Mariñez, por alegada
violación a los artículos 166, 167, 185, 265, 266 y 267, del Código Penal
Dominicano.
Según la
documentación aportada por los querellantes, el problema, en síntesis, es el
siguiente:
El Licdo.
Mariñez habría emitido una certificación en la cual consta que el señor Francisco
Sánchez habría recibido la suma de $81,453.61 por concepto de la
devolución de sus ahorros y beneficios en la Cooperativa La Económica, en fecha
14 de septiembre del 1999, por lo que este habría sido satisfecho en los
derechos sobre los valores acumulados.
El señor
Sánchez (Socio de dicha cooperativa) murió el 13 de marzo del año 2007, por lo que sus
herederos (Incluido el Lic. Sánchez, querellante), alegan que su progenitor
nunca recibió la citada suma de dinero, alegando que en la copia del cheque figura
el nombre de Francisco A. Sánchez Reyes, (quien alegan no es su padre)
y que su padre era hijo natural, tenía un solo apellido y no tenía segundo
nombre (según consta en el acta de nacimiento, copia de la cédula de identidad
y electora y acta de defunción).
Actualmente,
cursa una demanda en contra de la cooperativa por más de 50 millones de pesos
por los daños y perjuicios causados en contra de su progenitor por la falta de
pago de los ahorros acumulado en dicha institución.
En fecha 2 de
septiembre del 2019, mediante acto de alguacil #111-19 elaborado por la
ministerial Ninuska Elizabeth Mateo, tanto el IDECOOP, como su director, fueron
puestos en mora a fin de que dicha certificación en la que se hacía constar el
pago del señor Francisco Sánchez fuese sustentada con los elementos
probatorios, para lo cual le dieron un plazo de 3 días, plazo que habría sido
dejado vencer sin obtemperar al requerimiento.
Ahora es competencia de la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, dar curso a esta solicitud, a los fines de que sea conocida e investigada la querella interpuesta por los demandantes ante el PEPCA.
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