Proyecto María Gabriela, deudas con el CEA.

San Pedro de Macorís.

El siguiente es un listado de las obligaciones pendientes de pagos de adquirientes de terrenos del proyecto María Gabriela, del Consejo Estatal del Azúcar, ubicado en el Ingenio Santa Fe, los cuales al 30 de Septiembre del año 2018, mantenían deudas pendientes con la institución.

Las deudas totales, a la fecha antes mencionada, ascienden a la suma de RD$20,397,248.25, en una institución que pasó a ser mas una inmobiliaria, basada en la venta de los terrenos de su propiedad, que en la otrora industria del azúcar.

Sería importante que la administración pudiera diseñar un plan de cobros y recuperación de terrenos en manos de clientes morosos con la finalidad de aportar recursos y hacer productiva a esta institución.

Cabe destacar la gran cantidad de clientes con atrasos y hasta algunos, luego de pagar su inicial, nunca han honrado su compromiso de pagar ni una sola cuota del capital adeudado, lo cual es incaceptable e inconcebible que la administración haya permitido dicha situación.

Este es tan solo uno de tantos proyectos de lotificación de terrenos que el Consejo Estatal del Azúcar ha desarrollado para la venta de sus terrenos.

El considerando 4to. de la ley 107-13 sobre los deberes y derechos de los ciudadanos ante la administración pública establece: "Que en un Estado Social y Democrático de Derecho los ciudadanos no son súbditos, ni ciudadanos mudos, sino personas dotadas de dignidad humana, siendo en consecuencia los legítimos dueños y señores del interés general, por lo que dejan de ser sujetos inertes, meros destinatarios de actos y disposiciones administrativas, así como de bienes y servicios públicos, para adquirir una posición central en el análisis y evaluación de las políticas públicas y de las decisiones administrativas".

Por su parte, el considerando 12 de la misma ley consagra: "Que la redimensión de los derechos fundamentales de las personas conlleva la inclusión dentro de los mismos de un derecho fundamental a una buena administración, que no se manifiesta exclusivamente para las garantías jurídicas de las personas, sino que se orienta fundamentalmente en el aumento de  la calidad de los servicios y actividades que realiza la Administración Pública, así como en el derecho de las personas de ser indemnizados a consecuencias de las lesiones a sus bienes o derechos ocasionadas por una actuación antijurídica de la Administración o en los casos de actuación regular cuando se ocasione un sacrificio particular".