Tribunal Superior Administrativo cita a Gobernadora de San Pedro de Macoris, Aracelis Villanueva Figueroa, así como al Ministro de Educación y otros por alegada sustitución forzosa de Bolivar Sosa.

Santo Domingo.

Los principales funcionarios del Ministerio de Educación (MINERD) y del Consejo Nacional de Educación  fueron citados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para el próximo  martes 20 de octubre. A fin de que expliquen los motivos de cancelaciones que se han producido en este sector.

Los citados son el ministro Roberto Fulcar, el viceministro de Centralización y Participación, Julio César De Los Santos y el director interino de la Regional 005 de San Pedro de Macoris, Isidro Santana Ramírez. También la gobernadora de esta provincia, Aracelis Villanueva Figueroa.

Dicha audiencia fue fijada a fin de conocer la solicitud de medida cautelar, que procura suspender los efectos, evitar el daño y perturbación generada como consecuencia de las acciones ilegales asumidas por estas autoridades en contra los más de 105 servidores públicos afectados, en especial el Bolívar Yunior Sosa Soriano, quien fuera forzado a abandonar la oficina de la dirección regional 005, sin contar con la autorización legal.

Entre estos últimos hay directores regionales y distritales, quienes solicitaron al TSA imponer medidas cautelares ante la «perturbación» generada por esta decisión, La cual consideran violatoria a los principios de proporcionalidad, confianza legítima y coherencia.

Éstos principios, indican,  están consignados en el artículo 3 de la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública.

Los abogados accionantes Nelfis Stapleton y Yulibelys Wandelpool sostienen que la aprobación de la ordenanza 01-2020 y las consecuentes decisiones tomadas por Roberto Fulcar y demás funcionarios de Educación, transgreden el Principio de Seguridad Jurídica, de previsibilidad y certeza normativa  establecido en el art. 3.8 de la Ley 107-13.

En concreto, se procura una decisión judicial que evite que se sigan dando pasos que violenten los derechos de servidores públicos del sector educación, afectando la institucionalidad y desconociendo un proceso que sentó las bases para que los indicados profesionales de la educación se sometieron al sistema competitivo de selección, el cual, se estableció conforme a la Ley General de Educación, como una forma de garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, atendiendo a los intereses de los educados, los padres de familia y la comunidad, según contempla el pacto educativo suscrito en el 2014 por el presidente Luis Abinader y la directora de Ética Gubernamental Milagros Ortiz Bosch.

Fuente: El Caribe.